La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es un tratado internacional que protege los derechos de las personas con discapacidad, fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). España la ratificó el 3 de diciembre de 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico.

La Convención es el tratado internacional que recoge los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados para promover, proteger y garantizar que las personas con discapacidad disfruten plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos y libertades fundamentales y promuevan el respeto de dignidad inherente.

El objetivo es conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto la consolidación del enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad, que son consideradas como sujetos titulares de derechos por lo que las administraciones públicas están obligadas a garantizar que el ejercicio de estos sean plenos y efectivos.

El 10 por ciento de la población mundial son personas con discapacidad, que no se resignan a su situación de relegación e incluso de marginación y que reclaman sus derechos, su plena ciudadanía. Las personas con discapacidad son sujetos, titulares de derechos, participativos y responsables, que asumen la dirección total y completa de su vida personal y social.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas produjo cambios en la legislación española, el más importante es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprobó el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Este Real Decreto reconoce a las personas con discapacidad una serie de derechos y, además, garantiza las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

En este año en el que los gobiernos locales y la FEMP celebramos la modificación del Artículo 49 de la Constitución Española, adecuándolo a la realidad social y a la normativa internacional, y que refleja el enfoque de derechos y de inclusión al que España se ha comprometido, ratificando la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, llamamos la atención para formular políticas a partir de siete pilares de inclusión:

1. No Discriminación: Asegurar que todas las personas, independientemente de su discapacidad, tengan acceso equitativo a los servicios e infraestructuras y al empleo, promoviendo un entorno libre de barreras físicas, sociales y digitales.

2. Participación Activa: Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que afectan sus vidas.

3. Accesibilidad Universal: Adoptar medidas concretas para garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida pública, eliminando las barreras arquitectónicas, de comunicación y actitudinales.

4. Capacitación y Educación: Promover programas de formación que incrementen la concienciación y comprensión sobre los derechos de las personas con discapacidad, fortaleciendo la capacidad de la sociedad civil para participar en procesos decisivos.

5. Cambio de Percepciones: Trabajar activamente en cambiar las actitudes sociales y combatir los estereotipos negativos hacia las personas con discapacidad.

6. Igualdad de Género: Integrar una perspectiva de género en todas las políticas y acciones relacionadas con la discapacidad, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad.

7. Función Pública. Promover una nueva regulación reglamentaria del acceso al empleo público de las personas con discapacidad, que actualice el marco normativo vigente, que data de hace veinte años, y que presenta claros desfases e insuficiencias.

Este 3 de mayo, renovamos nuestra llamada a todos los sectores de la sociedad para que se unan en este compromiso común. Trabajando juntos, podemos construir una comunidad más inclusiva y resiliente, que reconozca y celebre la diversidad humana en todas sus formas, asegurando que nadie quede atrás.